Amnistía Internacional hace un llamamiento del que me quiero hacer eco, por lo que de barbarie en un supuesto mundo civilizado significa y, por tanto, de clara vulneración de los derechos fundamentales del individuo, cuya defensa como ciudadanos (y doblemente como juristas) consideramos absolutamente irrenunciable.

Aquí [mp3] les dejo mi intervención de hoy, dos de febrero, en la radio autonómica, Canarias Radio, en el programa Buenos Días Canarias que presenta Mayer Trujillo.

Lo dejo. De un tiempo para acá la gente ya no te pide el correo electrónico para mantener el contacto, te pide tu nombre en Facebook. De esta manera está sustituyendo, o al menos desplazando, a todos los demás medios de comunicación en internet. Compite con el chat (aunque no puedas comunicarte con usuarios de Gmail y de jabber), con la web y con el blog, y con el correo electrónico. Estos hastas ahora se alojaban en distintos servidores, de una universodad, de una empresa, o de diversos proveedores gratuitos -Gmail, Yahoo,...- o de pago -Ran, 1&1, Arsys,OVH,...-).

Cuando veo una sociedad en contra de un colectivo, criminalizándolo incluso, sin pasar por el Juzgado, malo. La democracia es la protección de los individuos, y de los colectivos, aunque sean minoritarios en que se integran. ¿Alguien ha pensado en el controlador que sí fue a trabajar? ¿A alguien le importa el que esa persona (que objetivamente "no ha hecho nada") tenga que esconder la cabeza ante sus conciudadanos por realizar un trabajo digno? Y los que no fueron ¿se les ha preguntado uno a uno cuáles fueron las causas? ¿pudo alguno estar realmente indispuesto?

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El Gobierno se excedió primero (5 normas regulando a los controladores en un año), y tardó después en reaccionar (no declarando inmediatamente el estado de alarma, pese a tener previstas las posibles reacciones). ¿Porqué? Si quería aclarar una norma reglamentaria, ¿poqué no usó una Instrucción y acude a una norma urgente y con rango de Ley? ¿No debe ser especialmente cuidadoso cuando manifiesta que sus intereses son sanear la empresa para privatizarla parcialmente?

No pretendo criticar sólo a este Gobierno, sino la línea de actuación de los últimos gobiernos democráticos (lo que también incluye desde luego al Gobierno de Aznar), sin perjuicio de la responsabilidad del actual por no cambiar las malas prácticas que denunciaré, y que se han puesto de manifiesto una vez más con ocasión del conflicto con los controladores aéreos. Mucho menos pretendo justificar las sistemáticas huelgas, legales o al margen de la Ley, que vienen haciendo con la excusa de la seguridad el colectivo de controladores aéreos, menos aún esta última salvaje actuación. Eso tampoco quiere decir que como trabajadores que son, de élite y con muchos privilegios, pero trabajadores, no tengan derecho a que se les protejan unas condiciones que a los demás trabajadores se les reconocen. Que cobran mucho, es cierto, como lo es también que se debe moderar dicho sueldo. Pero eso es una cosa, y sus derechos como trabajadores otra, que es a lo que voy. Tratemos de ponernos en su piel, aunque nos cueste después de la atrocidad de tener a un país paralizado (atrocidad tan grande, que no me puedo creer que esté planificada y estudiadas sus consecuencias):

¿Es correcto que a un colectivo de trabajadores se les compute las horas de trabajo de modo radicalmente distinto que al resto? ¿Es correcto que (por ejemplo) las horas de formación obligatorias no se consideren horas trabajadas? Cuando esos retrocesos sociales se producen de pronto y a golpe de Decreto-Ley ¿no debe producirse una reacción enérgica por parte de los trabajadores? Y ¿no es acaso eso lo que ha ocurrido con los controladores aéreos? Sin duda es una huelga salvaje, de las que no deben ocurrir, de las que están prohibidas. Pero no es menos cierto lo alegado por los controladores: son víctimas de un maltrato por parte de la empresa, que usando su capacidad normativa, pues se trata del Gobierno, ha modificado unilateralmente en un año cuatro veces las condiciones de trabajo de este colectivo. Imagínese el lector que en un año le cambian cuatro veces sus condiciones laborales, y que esto ocurre a golpe de ordeno y mando, sin hacer nada para intentar sacar adelante el Convenio colectivo que se negocia. A golpe de ordeno y mando que el Gobierno sólo puede efectuar cuando se acredite una imperiosa y urgente necesidad.

Se acaba de publicar en el BOE de este lunes (22.11) el Acuerdo de 28 de octubre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales ( html | pdf ).

...y en Madrid lo van a reivindicar en una manifestación en pro de la relación abuelos-nietos. Será el 19 de noviembre, a las 20 h. en la Puerta del Sol, y por esa fecha cumplirá siete años la Ley 42/2003, que precisamente pretendía proteger estas relaciones. La historia que se cuenta en la convocatoria probablemente tiene su apoyo jurídico en esta Ley. Son de esos asuntos jurídicos que probablemente son los verdaderamente importantes, los que afectan de esa forma tan íntima a la persona. Será por eso que soy civilista ;-) Sin duda la evolución de la pareja y de la familia requiere muchas reflexiones... de momento me quedo con este relato-convocatoria. Gracias Nanus. (por cierto, las direcciones personales las he eliminado del texto transcrito, pero pueden verse en el original: aquí)

Y es que parece evidente, pero la entidad irlandesa IRMA (Irish Recorded Music Association), que agrupa a editoriales de dicho país, pretendía obligar a los operadores de telecomunicaciones a filtrar las comunicaciones, detectar a los usuarios que utilizan P2P (sistemas de intercambios de archivos), y desconectarles el servicio, como forma (dicen) de luchar contra la piratería. El operador UPC se negó a ello, y la consecuencia fue una demanda ante los Tribunales, que ha perdido la actora (IRMA).

Fuese por favorecer la venta de los certificados que entonces sólo vendía Verisign (en España, Telefónica) o por puro atropello o desconocimiento, llevaron al Gobierno en 1999 a fomentar por ley (Real Decreto para ser exacto) un tipo concreto de firma electrónica frente a los tres que regula la Directiva europea 99/93/CE.

La inmatriculación de finca por Sentencia dictada en un proceso declarativo acaba de ser admitida por la Resolución de 10 de noviembre de 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado [BOE de 8 de enero de 2010: html | pdf ]. Con ello se abre la peligrosa vía de juicios declarativos convenidos por las partes al objeto de acceder al Registro de la propiedad.